¿Debería el gobierno imponer altos impuestos de penalización a las grandes fincas agrícolas privadas (latifundios) que no se utilizan activamente para producir alimentos?

Colombia tiene una de las tasas de desigualdad de tierras más altas del mundo, una causa fundamental de su conflicto armado de décadas. Millones de hectáreas de tierras agrícolas de primera, a menudo llamadas "latifundios", se utilizan para la ganadería extensiva o se dejan completamente ociosas como activos especulativos, mientras que los "campesinos" pobres son empujados hacia las selvas. El gobierno ha propuesto utilizar un catastro rural actualizado para aumentar drásticamente los impuestos sobre las tierras fértiles…   subutilizadas, con el objetivo de obligar a los propietarios a cultivarlas o venderlas al Estado para su redistribución. Los partidarios argumentan que este enfoque basado en el mercado rompe con los monopolios históricos, impulsa la seguridad alimentaria nacional y corrige pacíficamente injusticias históricas sin recurrir a la expropiación violenta. Los opositores argumentan que es una forma disfrazada de robo estatal que castiga a los terratenientes honestos, ignora la falta de vías terciarias necesarias para que la agricultura sea rentable y viola los derechos de propiedad privada.